Un análisis de WWNO/WRKF y Southerly desvela las probabilidades de emisiones contaminantes de productos tóxicos a la atmósfera o de explosiones químicas.
Este reportaje ha sido publicado en colaboración con Southerly
Traducción de Luis Rodrigálvarez.
Cuando Christine Bennett trató de regresar a su casa en Mossville, a las afueras de Lake Charles, tras el paso del huracán Laura en agosto, las carreteras de los alrededores de BioLab estaban cortadas. Tras la tormenta, se incendió el depósito de productos químicos de la fábrica y estuvo ardiendo por tres días. "No nos dejaban volver a nuestra casa", declaró. "Y fue allí, mientras estábamos sentados tratando de regresar, cuando nos empezó a doler el estómago".
En los alrededores de las instalaciones de BioLab en Westlake, los niveles de gas cloro que se detectaron podrían causar una irritación elevada y cambios temporales en las funciones pulmonares, según información de la Agencia de Protección Ambiental, o EPA. Bennett cree que fue eso lo que hizo que su familia se sintiera enferma.
Cuando las plantas químicas cierran en previsión a las tormentas que se avecinan, la contaminación tóxica emitida a la atmósfera se eleva. Y cuando los huracanes azotan la costa del Golfo, que está llena de instalaciones químicas y de producción de combustibles fósiles, después se multiplican los casos de contaminación. Esto pone a las comunidades cercanas, vecindarios adyacentes a las instalaciones industriales que son afectadas por sus operaciones, en riesgo de una exposición a productos químicos tóxicos e incluso explosiones.
La temporada de huracanes del 2020, que terminó oficialmente la semana pasada, ha sumado un número récord de tormentas tropicales. No está claro si el cambio climático provocará más huracanes, pero un creciente número de investigaciones muestra que las tormentas se están volviendo más intensas, lo que aumenta la probabilidad de que ocurra un doble desastre: una tempestad a la que le puede seguir vertidos tóxicos o explosiones. Identificar a las comunidades que están en riesgo es difícil, porque la información se encuentra oculta debido a una serie de trabas burocráticas.
Southerly y WWNO/WRKF identificaron a las 30 instalaciones del litoral de Luisiana que almacenan los productos químicos más tóxicos, de acuerdo con el Registro de Emisiones Tóxicas de la EPA. Durante dos meses, llevamos a cabo un arduo proceso de investigación administrativa para ver lo que cada instalación química había presentado a la EPA su situación más adversa posible debido a la emisión de productos contaminantes y tóxicos a la atmósfera o de una explosión química. Los resultados encontrados mostraban diez posibilidades en las que los gases tóxicos emitidos en esas instalaciones cubrirían hasta un área de hasta 25 millas. Las localidades de mayor riesgo por dicha emisión tienen una población predominantemente negra.
Las industrias que mantienen grandes cantidades de productos tóxicos o inflamables en sus instalaciones deben presentar planes de gestión de riesgos, o RMP por sus siglas en inglés, a la EPA cada cinco años, describiendo la situación más adversa posible en la que ocurriría emisiones contaminantes, el área y el número aproximado de personas a las que afectaría. Alrededor de 12.300 instalaciones en los EE. UU. tenían planes de gestión de riesgos en activo durante 2017, según datos de la EPA.
El sector de la industria química dice que el acceso a los planes de gestión de riesgos debe estar bajo vigilancia debido a la posibilidad de que la información sea utilizada para realizar un ataque terrorista. Para ver dichos planes, los residentes deben realizar una cita en una sala de lectura federal con al menos siete días de anticipación tras dejar un mensaje en una línea telefónica del Departamento de Justicia. En el día de la cita, los residentes sólo pueden tomar notas escritas a mano, las fotos o escaneos están prohibidos, de las copias en papel que han sido enviadas a esa sala de lectura sobre los planes de la empresa y además todo ello en compañía de un U.S. Marshal. Las únicas dos salas de lectura federales que existen en Luisiana están localizadas en Baton Rouge y Shreveport. La cantidad máxima de planes de gestión de riesgos que un individuo puede ver al mes son 10.
Southerly y WWNO examinaron los planes de gestión de riesgos de las 30 instalaciones del litoral con la mayor cantidad de productos químicos tóxicos almacenados en sus instalaciones a lo largo de las 21 parroquias sureñas que conforman el litoral de Luisiana. La ciudad de Donaldsonville, ubicada en el corredor industrial de Luisiana, está dentro del área afectada en caso de exposición por emisión de productos tóxicos por nueve de esas 30 instalaciones químicas que se analizaron, lo que la convierte en la ciudad con mayor riesgo de nuestros análisis. Gonzales, a unas 15 millas al norte, estaba dentro de la zona de riesgo afectándole ocho instalaciones. Donaldsonville y Gonzales son ciudades con una población predominantemente negra.
Las poblaciones que rodean las instalaciones en las que se almacenan una cantidad suficiente de productos tóxicos para tener que realizar los planes de gestión de riesgos tienen un 11% más de probabilidades de ser comunidades de color, un 10% más de ingresos bajos y un 3% más de estar lingüísticamente aisladas, según la EPA.
Las áreas metropolitanas de Luisiana también están en riesgo de exposición a la emisión de productos químicos tóxicos o de explosiones. Baton Rouge y Nueva Orleans están dentro de las zonas de riesgo de cuatro de las instalaciones respectivamente. Según un informe de 2014 de la organización Center For Effective Government, el 61% de los niños de Luisiana asisten a escuelas situadas dentro de zonas de riesgo.
El plan de gestión de riesgos de cada instalación tenía al menos dos posibles situaciones para una emisión de productos químicos tóxicos o inflamables. De las más de 60 situaciones que revisamos, la que impactaría a un mayor número de residentes del sur de Luisiana era la situación de las instalaciones Rubicon ubicadas en Geismar, que usa el gas fosgeno para la producción de espuma aislante de poliuretano. En los últimos cinco años, la instalación ha tenido tres pequeños escapes de gas fosgeno que provocaron lesiones a los trabajadores y tres escapes de mayor cuantía en los que fue necesario que los residentes de las zonas circundantes permanecieran dentro de sus domicilios. La inhalación de fosgeno puede causar graves problemas respiratorios, incluyendo edema pulmonar, enfisema pulmonar e incluso la muerte, según la EPA.
En su plan de gestión de riesgos, Rubicón informó que, en caso de producirse la situación más adversa posible, se emitirían 10.000 libras de gas fosgeno, lo que afectaría a 890.000 personas, aproximadamente el 19% de la población de Luisiana. El gas fosgeno podría desplazarse desde las instalaciones movido por los vientos, hasta una distancia de 25 millas en cualquier dirección, lo que significaría que podría llegar hasta Baton Rouge e impactar en zonas con escuelas, residencias, hospitales y aeropuertos.
El director general de Rubicon, Mark Dearman, declaró que las condiciones requeridas por la EPA para elaborar la situación más adversa posible son poco realistas. Asumen que no hay vientos predominantes, por lo que los productos químicos se escaparían en un movimiento circular alrededor de la instalación, y que la emisión se produce sin interrupción durante 10 minutos como si "nadie estuviera en la planta".
Los agentes de la parroquia de Ascensión están familiarizados con los productos químicos peligrosos de Rubicón, declaró Dearman. "Los productos químicos que se pueden encontrar tanto más arriba como más abajo del río son básicamente muy similares", declaró. "Todos estamos muy interconectados, como si fuéramos proveedores unos de otros".
Aunque Rubicón ha tenido pequeños escapes de fosgeno, es poco probable que la planta tenga un escape de tamaño suficiente para ser considerado situación lo más adversa posible, porque el producto químico se aplica al proceso siguiente poco después de su fabricación, dejando poco tiempo para posibles escapes, declaró Dearman. Las tuberías que transportan el fosgeno en forma líquida se inspeccionan anualmente y se puede utilizar un limpiador de emergencia para neutralizar el fosgeno restante en preparación a las tormentas que pueden afectarnos.
El análisis de Southerly y WWNO/WRKF, encontró que el gas cloro emitido por BioLab después del huracán Laura, era el producto químico tóxico más probable para desencadenar una situación considerada como la más adversa posible de entre las 30 instalaciones industriales del litoral que fueron examinadas. La exposición al gas cloro puede causar bronquitis, asma e inflamación de los pulmones, según la EPA.
Seis empresas con instalaciones en nuestro análisis respondieron sobre sus RMP. Shell, que posee cuatro plantas en nuestro análisis, no respondió a las preguntas de este reportaje. "La seguridad de nuestro personal, la comunidad circundante y el medio ambiente siguen siendo nuestras principales prioridades", nos respondió la portavoz Rochelle Touchard en un correo electrónico. "Todas nuestras operaciones se adhieren a estrictas regulaciones federales, estatales y locales".
El portavoz de Westlake Geismar, Chip Swearngan, declaró que la compañía, que fabrica cloro y PVC, coordina sus procedimientos, procesos y planes de respuesta a emergencias junto a el Comité Local de Planificación de Emergencias de la parroquia de Ascensión. "Westlake Geismar tiene procedimientos de respuesta a emergencias que contemplan situaciones muy graves producidos por la meteorología", declaró, añadiendo que son revisadas anualmente. Los representantes de Phillips 66, Occidental Chemical y Honeywell Geismar declararon que la seguridad de los empleados y de la comunidad son una prioridad y que se comunican con los agentes locales sobre la planificación de emergencias.
El acceso público a esta información ha sido restringido desde poco después de los ataques terroristas al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001, declaró el presidente y Director General de la Asociación Química de Luisiana, Greg Bowser. "Esta información se mantiene deliberadamente fuera del alcance público para evitar que caiga en manos equivocadas y sea utilizada para diseñar un ataque similar", declaró. "Como el país vio con sus propios ojos la destrucción causada por las malas intenciones de otros, se consideró una cuestión de seguridad nacional mantener la información del análisis de consecuencias externas en manos sólo del personal más estratégico".
En un comentario hecho al público en 2016 sobre el Programa de gestión de riesgos, el ex presidente de la Asociación Química de Luisiana, Dan Borne, escribió que analizar procesos químicos más seguros es costoso y que es durante la etapa de diseño cuando mejor se pueden aplicar. Declaró que las plantas químicas de Luisiana han aprendido de los accidentes en otras instalaciones, como la explosión de 2013 en la planta Williams Olefins en Geismar, Luisiana, que mató a dos trabajadores e hirió a 167. Informar al personal de emergencias sobre los planes en situaciones lo más adversas posible, no les ayudaría a comprender mejor los riesgos de posibles escapes, sino que los "abrumaría", escribió Borne.
Sin embargo, la falta de acceso a la información sobre los riesgos que plantean las sustancias químicas tóxicas e inflamables almacenadas en las instalaciones industriales pone en peligro a las comunidades, al personal de emergencias y a los trabajadores, declaró Emma Cheuse, abogada de la organización de derecho ambiental Earthjustice.
En la refinería de Murphy Oil, el huracán Katrina arrancó un depósito de su base en Meraux, derramando un millón de galones de petróleo. Ese petróleo contaminó a cerca de 1.700 hogares en la parroquia de San Bernard. Una década después, el parque de depósitos de Magellan Midstream, cerca de Galena Park, Texas, derramó 460.000 galones de gasolina cuando el huracán Harvey inundó las instalaciones. La EPA estimó que el vertido liberó 282 toneladas de productos tóxicos que se mezclaron en la atmósfera, incluyendo más de seis toneladas de benceno, un conocido carcinógeno. Cuando la tormenta causó una inundación en las instalaciones de Arkema en Crosby, Texas, se examinó en un hospital a más de 20 agentes del personal de emergencias después de que inhalaran el humo de los peróxidos que se descompusieron y se incendiaron. Siete de los agentes de emergencias demandaron a Arkema por no haberles notificado el peligro que constituía el contaminante que escapó.
Muchas de las instalaciones que examinamos en este análisis estaban en el trayecto principal de los huracanes Laura y Delta.
"Las comunidades necesitan esta información y no tienen acceso a ella", declaró Cheuse. "Existen comunidades que ya están saturadas por la información de muchas fuentes diferentes. Eso puede convertirse en una bomba de relojería cuando llega un huracán".
Muchos residentes de Mossville se marcharon cuando la compañía sudafricana Sasol les ofreció la compra de sus terrenos para dar paso a un enorme complejo químico en 2014. Pero algunos residentes, como Bennett, no querían abandonar la histórica comunidad negra, fundada por sobrevivientes de la esclavitud en la década de 1790.
Bennett es propietaria de dos acres de tierra donde quería construir un refugio para mujeres. Pero la invasión de la industria química ha impedido que ese plan se haga realidad. "Me quitaron mi sueño", declaró Bennett.
Le preocupan los efectos en la salud que puede provocar a largo plazo el respirar la contaminación. "Gracias a Dios que esto de BioLab sucedió y entonces fuimos evacuados", declaró. "Pero si hubiera ocurrido en un día en que no hubiera habido tormenta, nos habrían hecho permanecer en nuestras casas. Ay, señor, eso es como una broma. Puedes cerrar las ventanas. Pero no puedes cerrar las rendijas".
Mossville se vería afectada si se produjera una de las situaciones más adversas posible de emisión de productos químicos tóxicos, por hasta seis de las instalaciones industriales del litoral que Southerly y WWNO/WRKF han examinado. Sin la información adecuada sobre los posibles riesgos, Bennett no sabe cuál es la ruta de evacuación más segura. "Los que vivimos en esta área, estamos preocupados todo el tiempo por si ocurre una explosión", declaró Bennett. "Sólo nos queda rezar para que nunca ocurra".
La administración Obama inició cambios en el Programa de Manejo de Riesgos para hacer más accesible la información sobre los riesgos químicos a las comunidades y al personal de emergencias después de que en una explosión en 2013 en una planta de fertilizantes en el oeste de Texas murieran 15 personas, incluyendo 10 bomberos voluntarios. En ese momento, la EPA emitió un comunicado en el que declaraba que facilitar el acceso de la información de los RMP mejoraría la preparación en caso de emergencia y los residentes entenderían mejor cómo las instalaciones abordan los posibles riesgos. "La EPA también cree que las revisiones probablemente contribuirán a la prevención de futuros accidentes químicos", escribió la agencia. Pero la administración Trump detuvo las regulaciones para que no entraran en vigor en 2017.
Emma Cheuse de Earthjustice demandó a la EPA por retrasar la entrada en vigor de estas regulaciones en nombre de las organizaciones comunitarias en defensa del medio ambiente en todos los Estados Unidos, que incluye a la organización Louisiana Bucket Brigade. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos en el D.C. dictaminó que la demora era ilegal, obligando a la administración de Trump a tomar medidas. En 2019, la Agencia de Protección Ambiental, EPA, revocó partes importantes de la norma, eliminando los requisitos para que las instalaciones solicitaran una auditoría de terceras partes, realizaran análisis en busca de las causas tras accidentes químicos importantes y estudiaran el uso de tecnologías más seguras y procedimientos alternativos.
De las 30 instalaciones industriales del litoral analizadas por WWNO/WRKF y Southerly, 22 de ellas identificaron los huracanes como un peligro importante. Sin embargo, la mayoría de las instalaciones no contemplan ninguna medida de mitigación pasiva, como pueden ser, diques o terraplenes que pudieran retener sustancias y reducir al mínimo la exposición dentro de sus planes de gestión de riesgos por una situación lo más adversa posible y que afectaría a un gran número de personas. Mike Hockey, portavoz de la planta Geismar de Honeywell, que fabrica productos químicos utilizados para fabricar refrigerantes, gasolina de alto octanaje y espuma aislante, declaró que la planta "fue diseñada para soportar vientos de fuerza huracanada" y apagan las instalaciones cuando el viento alcanza las 50 millas por hora.
Paul Orum, consultor en seguridad de instalaciones químicas, declaró que la industria ha creado una atmosfera de "no sabemos nada y así no hacemos nada" en el que no se revelan los riesgos que conlleva el tener grandes cantidades de productos químicos tóxicos e inflamables almacenados dentro de las instalaciones y no se hace lo suficiente para prevenir desastres. Aunque la industria química ha creado una serie de medidas recomendables en caso de huracanes, como es la fijación de los depósitos al suelo y la construcción de diques, los requisitos reglamentarios no han evolucionado con el cambio climático.
"Desde luego tiene sentido que los reglamentos se pongan al día con la situación actual en que las tormentas y las inundaciones tienden a ser más potentes", declaró Orum.
Se han identificado las maneras de reducir los riesgos en caso de un doble desastre, pero no son obligatorias, declaró John Pardue, profesor de ingeniería ambiental en la Universidad Estatal de Luisiana. Por ejemplo, los depósitos de almacenamiento de productos químicos podrían estar mejor asegurados para evitar que se suelten de su base durante los huracanes.
Ha habido varios importantes casos de contaminación a lo largo de la costa del Golfo que han sido el resultado de depósitos gigantes flotando durante la subida de las aguas, provocada por la inundación, y que luego, cuando el agua retrocedía, se partían al chocar contra el suelo. El tamaño de estos depósitos les da una capacidad de flotación muy elevada cuando no están llenos de líquido. "Es como tratar de sujetar una pelota de baloncesto dentro de una piscina", declaró Pardue.
Algunas compañías llenan los depósitos para que no estén vacíos, lo que reduce las probabilidades de que se alejen flotando. "La idea es que cuantos más productos químicos tengan, más pesado será el depósito y menos puede flotar a la deriva", declaró. "Pero realmente no sé qué porcentaje de instalaciones lo realiza".
La instalación de postes que impedirían que los depósitos se movieran de lado a lado, pero que les permitiera flotar verticalmente también podrían evitar este tipo de vertidos, declaró Pardue. Pero estas medidas tampoco son obligatorias. Algunas compañías también están encontrando el uso de nuevas tecnologías en las que no se requiere el almacenamiento de grandes cantidades de productos químicos tóxicos. "No hay ninguna regulación orientada a mitigar las situaciones de emergencia", declaró. "Y hay gente que no duerme por la noche debido a esto".
Earthjustice presentó otra demanda contra la EPA en diciembre de 2019 por su retirada de las mejoras del Programa de gestión de riesgos durante la era Obama. Louisiana Bucket Brigade es una de las organizaciones tras esta demanda. También se han unido United Steelworkers de Nueva York y varios gobiernos municipales.
Incluso si las regulaciones de la administración de Obama se vuelven a poner en marchar, se podría hacer más para prevenir otro doble desastre, declaró Terry McGuire, un alto representante legislativo de Earthjustice. "Lo que estamos defendiendo aquí es cuales son los pasos en la dirección correcta", declaró McGuire. "Pero esto no ha sido una revisión sólida o profunda".
Earthjustice presionará a la administración del presidente electo Joe Biden a hacer del endurecimiento de esta ley una prioridad. "Hay muchas maneras de llevar a cabo la reforma. No tiene sentido que tengas que ir a una sala de lectura de la EPA para obtener esta información", declaró McGuire. "Es hora de que eso cambie. Es inaceptable y es por lo que estamos luchando".
Sara Sneath es una reportera medioambiental galardonada con sede en Nueva Orleans. Envíele sus ideas a saraksneath@gmail.com y síguela en Twitter @sarasneath.
Michael Petroni, candidato al doctorado en el Colegio de Ciencias Ambientales y Forestales de la Universidad Estatal de Nueva York, ayudó con el análisis del Registro de emisiones tóxicas para realizar este reportaje. Carly Berlin, de Southerly, Paul Braun, de WRKF, Sheehan Moore, de Healthy Gulf, y Naomi Yoder, de Healthy Gulf, ayudaron al registro de datos para realizar este reportaje.