Translated by Luis Rodrigàlvarez
José Hernández Pérez, hondureño de 36 años, llevaba viviendo en el Centro de Procesamiento ICE Pine Prairie de la zona central de Luisiana unos tres meses, cuando algunas personas de su dormitorio, de un total de 40, empezaron a enfermarse a mediados de julio.
Pérez tenía dolor de pecho y dolores de cabeza. Cuando fue examinado por un médico le dijo que tenía la presión arterial alta.
"Había mucha gente tosiendo", recordó. "Tenían dolores y estaban acostados en la cama".
Algunos de los que se sentían enfermos y que trabajaban en la cocina del centro de detención no querían hacerse la prueba de COVID-19, dijo Pérez, por temor a que dejaran de realizar la única tarea que les pagaba un poco de dinero, para luego poder comprar en el economato del centro.
En una acción poco frecuente para una instalación bajo la supervisión del Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos, o ICE, el personal terminó haciendo pruebas no sólo a aquellos con síntomas en el mismo dormitorio con Pérez, sino a las más de 300 personas del centro, según las autoridades del centro. Desde que comenzara el brote de la pandemia del coronavirus, ICE habitualmente sólo ha requerido la realización de pruebas a aquellos con síntomas, a pesar de la creciente opinión de que los casos asintomáticos pueden representar hasta el 40 por ciento de los afectados.
Entre el 19 y el 20 de julio, el número de casos registrados de COVID-19 en Pine Prairie saltó de tan sólo dos a 32. Pérez estaba entre los que dieron positivo.
Homero López dijo que empezó a recibir llamadas un domingo por la noche poco después de que el personal comunicara a los detenidos que habían contraído COVID-19; cinco días después de que los detenidos dijeran que se les había hecho la prueba y luego les confinaron en su dormitorio. López es un abogado de inmigración con clientes en Pine Prairie que también está ayudando a Pérez a encontrar representaciones para solicitar la libertad condicional.
Él cree que el número real de enfermos en el centro podría ser mucho mayor. Mientras esperaron por varios días a conocer los resultados de las pruebas, tanto Pérez como los demás siguieron en sus dormitorios, lo que significa que los que estaban enfermos podrían seguir contagiando el virus a cualquier otro que no lo tuviera, dijo López.
Este brote no es el primero en las instalaciones de ICE; otros han sido afectados en Texas, Arizona y Virginia. La COVID-19 se ha propagado rápidamente en los espacios reducidos de los centros de detención donde los abogados y los detenidos dicen que el distanciamiento social es imposible y que los suministros de seguridad son escasos. Más de 4.000 detenidos en todo EE. UU. han dado positivo. ICE ha registrado tres muertes de detenidos.
Ha habido demandas que piden la liberación de los que tienen un alto riesgo,incluyendo a 16 inmigrantes detenidos en las instalaciones de Luisiana, una medida que algunos expertos en salud pública dijeron que podría prevenir brotes más numerosos. Las autoridades dicen que el número de detenidos en ICE ha disminuido en un 40 por ciento desde marzo, hasta aproximadamente un total de 21.500. A esto contribuyó la deportación de miles de inmigrantes, incluyendo aquellos que tenían COVID-19, según unainvestigación del New York Times y el Marshall Proyect.
Sin embargo, a pesar de la dramática disminución de detenidos, la COVID-19 sigue extendiéndose en los centros de detención. Y mientras la pandemia entra en su sexto mes, las denuncias del brote de Pine Prairie este verano muestran que la agencia está aún luchando por hacer cumplir las precauciones de seguridad más básicas.
